Las autoridades del país norteamericano le han negado el ingreso a 21.829 personas en lo que va de 2022, el triple que en todo el año pasado
Entrar a México para un colombiano es como lanzar una moneda al aire. Daniel Campos, de 24 años, prefiere no dar su nombre real por temor a posibles represalias de las autoridades. En junio de este año, asegura, fue secuestrado por Migración en Mexicali (Baja California). “Todo empezó cuando llegué al aeropuerto con mi familia. Estábamos mi hermana, mi sobrina de 10 años y mi cuñado. Íbamos de vacaciones”, recuerda. En Migración les quitaron el pasaporte y el celular. Los separaron del grupo y los metieron en el llamado “cuarto de rechazo”, una habitación donde los agentes examinan por última vez la situación legal de los viajeros antes de tomar la decisión de deportarlos o de dejarlos entrar en el país.
A Campos le salió cruz. Después de varias horas retenido, lo subieron junto a varios acompañantes a un autobús y los llevaron a Tijuana. “Me metieron en el Instituto Nacional de Migración (INM), pero aunque al comienzo eso me dio tranquilidad porque pensé que era un lugar seguro, después al ver cómo me trataban sentí mucho miedo”, cuenta.
Una de las guardias de la institución le dijo que tenía que pagar para poder salir: “Me pidieron mil dólares por dejarme libre”. Cuando Campos aceptó, le presentaron a un supuesto abogado, que respondía al nombre de Rodolfo Muñoz. Lo primero que hizo el letrado fue preguntarle a qué se dedicaba en Colombia. La pregunta, señala Campos, solo tenía una intención: hacer un cálculo rápido de cuánto dinero ganaba, para pedirle más o menos por su libertad. Finalmente, le aplicaron la tarifa estándar: 1.000 dólares por entrar en México.
La Asociación de Colombianos en Tijuana denuncia que este abogado es cómplice del Departamento de Migración y que su trabajo consiste en extorsionar a los asustados viajeros para cobrarles por dejarlos libres.
Contactado por teléfono con el pretexto de hacerle una consulta para sacar a un familiar de Colombia, Muñoz se muestra dispuesto. “Es un procedimiento muy sencillo. Apenas estemos seguros de que no lo van a deportar, ahí hablamos de honorarios”, afirma.
Cuelga y al rato vuelve a llamar:
—¿Oye, es un detenido colombiano nada más, no?
— Sí.
—Te lo dejamos en 800 dólares. Estamos cobrando 1.200 dólares por colombiano. Hasta por dos personas estamos cobrando 2.500, pero te hago una rebaja.
—¿Cómo podemos estar seguros de que lo sueltan?
—Mándame la mitad ahora y la otra mitad cuando lo hagan. Es muy importante asegurar la suspensión de la deportación.
Muñoz cuelga y llama a su contacto en Migración para mover la liberación.
Ante esta situación, la Cancillería de Colombia ha publicado una serie de recomendaciones para los colombianos que desean viajar a México. En la propia web se aclara que existe riesgo de que estos sean deportados aunque cumplan todos los requisitos para entrar en el país.
Las autoridades migratorias mexicanas se limitan a exponer, a través de un comunicado, que en el momento en el que llega una persona extranjera se le puede solicitar documentación para comprobar el motivo de su viaje. Defiende que la institución opera con una atención “de calidad” en sus operaciones para que, acorde a la ley, se permita el ingreso, la estancia, el tránsito y la salida de extranjeros. Este diario también pidió información a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, pero que no obtuvo respuesta.
Secuestrado por migración
Santiago Angulo, de 25 años, fue en marzo de este año a la boda de su hermana. Cuando llegó al aeropuerto de Mexicali (Baja California) con toda su familia, unos agentes de migración los obligaron a hacer una fila diferente en cuanto vieron su pasaporte colombiano. A pesar de que tenía todos sus papeles en regla y que era la tercera vez que iba a ese país, su entrada fue denegada. Fue solo el comienzo de su pesadilla. Su situación fue la misma que la de Campos apenas unos meses antes.
Los agentes lo subieron a él y a su novia a unos autobuses y los llevaron al INM. Antes, le dijeron a su familia que no se les ocurriera seguirlos por carretera. “Nunca nos dijeron por qué nos detenían, dónde nos llevaban o qué estaba pasando”, recuerda Angulo.
De entre lo poco que vio, pudo leer un letrero que rezaba: “Vía a la Rumorosa”. Ahí supo que se los llevaban a Tijuana, en el Estado de Baja California. Angulo pudo contar ocho autobuses y unas 15 personas por cada uno, y asegura que la mayoría de ellas eran colombianas y de otros países de Latinoamérica. Estos transportes, explica, van y vienen del aeropuerto al menos un par de veces al día para trasladar a migrantes detenidos.
Nada más llegar a su destino les informaron de que los iban a deportar. Nunca les permitieron tener una entrevista con un agente o un abogado. En el centro de detención, Angulo y quienes llegaron con él tuvieron que quitarse los cordones y entregar sus maletas y su pasaporte. Finalmente, quedaron incomunicados.
La celda, recuerda, era de unos 10 metros cuadrados, y en ella tuvo que compartir espacio con decenas de personas que quedaron hacinadas. En su mente, grabado para siempre, ha quedado el olor de aquel lugar, que carecía de las mínimas condiciones higiénicas, pues los retenidos se ven obligados a buscarse la vida para hacer sus necesidades durante las horas que duró su cautiverio.
Entre 1.000 y 2.000 dólares para liberarse
Tras pasar la peor noche de su vida y no poder comer apenas, el cansancio acumulado, el hambre y el asco agudizaron el ingenio de Angulo, que empezó a preguntar aquí y allá qué había que hacer para salir. Sin darle demasiada importancia al hecho, como si se tratara de una rutinaria gestión administrativa más, le explicaron que los detenidos suelen pagar 2.000 dólares a los oficiales de migración para que los dejen salir y no los deporten.
Finalmente, tras 29 horas retenido sin explicación, pudo salir gracias a la ayuda de la asociación de colombianos que trabaja denunciando estos casos de violaciones de los derechos humanos en Tijuana. “Me sentí como si hubiera sido secuestrado”, dice como balance de lo que vivió.
En lo que va de año, México le ha negado el ingreso a 21.829 colombianos a pesar de que estos cumplen con todos los requisitos migratorios, según la Cancillería de Colombia. Esta cifra es tres veces mayor que la registrada durante el mismo periodo de 2021, cuando 5.238 colombianos fueron inadmitidos por las autoridades migratorias mexicanas.
Por su parte, desde el INM mexicano defienden que el proceso de ingreso e inadmisión a México se da de conformidad a la ley y el reglamento en la materia, sin distinguir el país de origen y respetando los derechos humanos. La autoridad migratoria cifra en 1.101 el número de personas devueltas a Colombia.
Este lunes, los gobiernos de Colombia y México se reunirán para abordar las continuas denuncias de maltrato a viajeros colombianos por parte de las autoridades migratorias mexicanas y el preocupante aumento de inadmisiones a viajeros que cuentan con toda la documentación requerida. De manera oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano señala que la mesa de trabajo servirá para discutir “asuntos sensibles de carácter migratorio”.
El cuarto del rechazo y del terror
El sitio más temido por miles de viajeros sudamericanos en su ruta a México es el “cuarto de rechazo”, una pequeña habitación de la que se ha escuchado mucho y se ha visto poco. Al menos, hasta ahora. El conferencista y youtuber colombiano Pablo Rabelo logró colar una cámara oculta para denunciar las condiciones en las que fue retenido.
El bogotano iba a dictar una conferencia en la Ciudad de México. Viajó desde Lima, Perú, pero para su sorpresa, cuando llegó no lo admitieron. Lo llevaron a una sala en donde lo dejaron incomunicado y sin pasaporte. “Nunca me dijeron qué estaba pasando”, asegura.
Rabelo comenzó a grabar el lugar con una pequeña cámara escondida. En la grabación se ve una habitación con camarotes y unos orinales que debían repartirse más de una treintena de personas: “Cuando a usted le abren esa puerta, le golpea un olor a sobaco y un calor muy grande. Había un baño, pero no había papel y algunas personas orinaban en los basureros”.
“Pasas de ser un turista que viaja en primera clase a un criminal en cuestión de minutos”, asegura. La mayoría de las personas que estaban retenidas eran colombianas. Además, cuenta que no le dieron ni un vaso de agua y lo tuvieron sin comer durante 10 horas con la excusa de que eso le correspondía a la aerolínea.
Un funcionario mexicano, que pide omitir su nombre, reconoció a EL PAÍS en marzo que la política migratoria del país es una fuente de reclamo permanente de parte de sus socios comerciales en la Alianza del Pacífico: Colombia, Chile y Perú. Aunque la integración económica trajo la eliminación de los visados entre estos Estados en 2012, eso paradójicamente dio un mayor margen de discrecionalidad a los agentes del INM, explica la fuente. “Muchas veces, México se queja con Estados Unidos del trato que reciben sus migrantes mientras que con los países centroamericanos y sudamericanos los roles se invierten”, agrega.
Gabriel Ochoa, de 53 años, fue víctima de ello. Llegó al Aeropuerto de Ciudad de México para hacer una conexión y seguir hacia a El Salvador: “Cuando entregué mis papeles en migración, me trataron como a un preso”. Lo tuvieron retenido 24 horas hasta que logró que lo devolvieran en un vuelo. Tal fue su miedo y su angustia que en un primer momento vivió la deportación como una victoria, como el fin de una experiencia que ni por asomo quería repetir. Sin embargo, cuando se iba a subir al avión, unos agentes de seguridad lo acompañaron hasta su asiento para advertir al resto de pasajeros que aquel hombre había estado toda la noche retenido en el cuarto de rechazo.
Tras un día entero aterrorizado sin saber siquiera por qué, Ochoa sintió todo aquel miedo de vuelta en forma de suspicaces miradas lanzadas de cuando en cuando por el resto de pasajeros. Fue la particular venganza de unos agentes que lo habían declarado culpable de un delito que cada vez es más grave en los aeropuertos mexicanos: ser colombiano.
