Los diputados mexicanos continúan divididos en la discusión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2023, que se reanuda hoy.
Voceros del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados adelantó que votará en contra si el oficialista Morena no modifica su contenido.
Por separado, y con objetivos diferentes, el Partido Acción Nacional (PAN), principal adversario del gobierno y considerado el más conservador de México, advirtió que buscará “cerrar filas” en su asamblea nacional del próximo fin de semana “por la defensa de la libertad, la democracia, el INE y los Tribunales electorales”.
Su leitmotiv es impedir que el presupuesto afecte las multimillonarias asignaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) cuya dirección dominan con el consejero presidente Lorenzo Córdova y su segundo, Lorenzo Miyamoto.
El coordinador de la bancada priísta en San Lázaro, Rubén Moreira, dijo que exigirán a los gobernadores y presidentes municipales que se opongan al Proyecto de Presupuesto Federal y que reclamen lo que sus estados se merecen.
Anunció que la bancada tricolor tiene listas reservas para presentar en su discusión en el pleno los intereses expresados por los mexicanos las cuales, dijo, se elaboran tras la participación los 69 diputados federales del PRI en las “asambleas para la defensa de la economía familiar”.
El gobierno, por su parte, define los recortes al INE, el tribunal Electoral y el Poder Judicial, que los considera exagerados, al igual que los salarios más altos del sector púbico de México, y lo gastos superfluos.
Moreira dijo que, como está planteado el proyecto de Presupuesto, para la mayoría de los estados no hay recursos para infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras, obras educativas y de salud, lo cual rechaza el gobierno que defiende sus planes de caminos vecinales y las obras de infraestructura vial, así como el nuevo plan de transformación del sistema de salud gratuito.
En tanto, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, expuso que la propuesta de reforma electoral enviada por el gobierno federal es “regresiva”, pero sin argumentos.
