Día tras día, la Corte Penal Internacional (CPI) trabaja en pro de la justicia y la rendición de cuentas respecto de los crímenes más graves causados por algunos de los conflictos más brutales del planeta.
La Corte Penal Internacional (CPI) juzga los crímenes más graves. Vela por la participación de las víctimas. Asegura que se lleven a cabo juicios imparciales. Actúa como complemento de los tribunales nacionales. Obtiene un apoyo cada vez más amplio. En sus primeros 20 años de existencia, la CPI ha logrado progresos considerables en su misión crucial.
Con motivo de su vigésimo aniversario este 1 de julio de 2022, presentamos cinco funciones de la CPI que contribuyen al logro de un mundo más justo:
1. Juzga los crímenes más graves
La CPI se creó teniendo presentes a los “millones de niños, mujeres y hombres” que “han sido víctimas de atrocidades que desafían la imaginación y conmueven profundamente la conciencia de la humanidad”. Es el primer tribunal internacional permanente, basado en un tratado, que investiga y enjuicia a los autores de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio y el crimen de agresión.
La Corte tiene en curso 17 investigaciones en algunos de los conflictos más violentos del planeta, entre ellos los de la República Democrática del Congo, la República Centroafricana, Georgia o Ucrania. La Fiscalía de la CPI es un órgano independiente de la Corte. Lleva a cabo exámenes preliminares e investigaciones y es la única entidad que puede llevar casos ante la Corte.
A lo largo de los primeros veinte años de sus operaciones, la CPI ha juzgado y resuelto causas importantes para la justicia internacional, arrojando luz sobre los crímenes de utilización de niños soldados, destrucción del patrimonio cultural, violencia sexual o ataques contra civiles inocentes. Gradualmente, mediante sus fallos en causas ejemplares, va creando una jurisprudencia autoritativa. Ha abierto 31 causas, y sus magistrados han emitido diez condenas y cuatro absoluciones.
2. Vela por la participación de las víctimas
La Corte no solo juzga y condena a los responsables de los crímenes más graves; también se asegura de que se escuchen las voces de las víctimas.
Se consideran víctimas aquellas personas que han sufrido daños como resultado de la comisión de cualquier crimen de la competencia de la Corte. Participan en todas las fases de los procedimientos judiciales de la CPI.
La Corte mantiene contacto directo con las comunidades afectadas por los crímenes de su competencia mediante programas de proyección exterior. También procura proteger la seguridad y la integridad tanto física como psicológica de las víctimas y los testigos. Aunque las víctimas no pueden presentar sus propios casos, sí pueden aportar información al Fiscal, que incluso puede llevar a una decisión de iniciar una investigación.
En la actualidad, el Fondo Fiduciario de la Corte en beneficio de las víctimas hace realidad las primeras órdenes emitidas por la Corte en materia de reparación. Mediante sus programas de asistencia, el Fondo también ha proporcionado apoyo físico, psicológico y socioeconómico a más de 450.000 víctimas.
3. Asegura que se lleven a cabo juicios imparciales
Todas las personas acusadas gozan de la presunción de inocencia hasta que se demuestre ante la Corte su culpabilidad más allá de toda duda razonable. Toda persona acusada tiene derecho a audiencias públicas e imparciales.
En la CPI, las personas sospechosas o acusadas gozan de derechos críticos, entre los que se incluyen los siguientes: derecho a ser informadas de los cargos; a disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; a ser juzgadas sin dilaciones indebidas; a un abogado defensor de su elección; a recibir del Fiscal pruebas eximentes. Entre estos derechos se cuenta también el de seguir las sesiones en un idioma que la persona acusada comprenda plenamente. Ello ha llevado a la Corte a contratar intérpretes y traductores especializados de más de 40 idiomas, y en algunos casos a la utilización simultánea de cuatro idiomas durante una misma audiencia.
Durante sus 20 primeros años, los participantes se encontraron con diversos retos, tanto sustantivos como de procedimiento, a muchos kilómetros de distancia de las escenas del crimen. Por añadidura, los crímenes de la competencia de la Corte son de naturaleza específica, y a menudo crímenes en masa que requieren una cantidad importante de pruebas y considerables esfuerzos para velar por la seguridad de las víctimas. Los procesos son complejos, y hay muchos asuntos que se han de resolver en segundo plano a lo largo de una causa.
4. Actúa como complemento de los tribunales nacionales
La Corte no sustituye a los tribunales nacionales: es una Corte de último recurso. Corresponde a los Estados la responsabilidad principal de investigar, juzgar y condenar a los autores de los crímenes más graves. La Corte intervendrá únicamente cuando el Estado en el que se hayan cometido crímenes graves de la Competencia de la Corte no esté dispuesto a asumir esa responsabilidad o no pueda hacerlo.
Los casos de violencia grave van en rápido aumento en todo el planeta. Los recursos de la Corte siguen siendo limitados; por consiguiente, ésta solo puede atender a un pequeño número de causas a un mismo tiempo. La Corte trabaja de consuno con los tribunales nacionales e internacionales.
5. Obtiene un apoyo más amplio para la justicia
Con el apoyo de 123 Estados partes de todos los continentes, la Corte se ha establecido como una institución judicial permanente e independiente. Sin embargo, a diferencia de los sistemas judiciales nacionales la Corte no cuenta con su propia policía. Depende de la cooperación de los Estados, incluso para la ejecución de sus órdenes de detención o de comparecencia. Tampoco cuenta con un territorio donde reubicar a los testigos en situación de riesgo. Por ello, depende en gran medida del apoyo y la cooperación de los Estados.
Al conmemorar el vigésimo aniversario de la Corte, los Estados de todo el mundo deberían renovar su apoyo a la Corte con acciones concretas: mediante el apoyo político y económico, así como a través de la detención de personas sospechosas y la congelación de sus bienes. Asimismo, deben reiterarle su respaldo con la promulgación de legislaciones de aplicación que tipifiquen las disposiciones fundamentales del Estatuto de Roma en la legislación nacional, así como con la formalización de acuerdos de cooperación voluntarios, en particular acuerdos de reubicación para los testigos de la CPI.
Tan solo con el compromiso conjunto y renovado de la comunidad internacional la Corte podrá hacer realidad de sus promesas de más justicia y reconciliación para todos.
