Los esfuerzos del Gobierno de México contra la violencia hacia periodistas son desarticulados, contradictorios e insuficientes, dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hizo un llamado al gobierno mexicano para que dimensione las causas y efectos que genera la violencia en contra de periodistas, acción que comienza a normalizarse y profundizarse.
Destacó que en un momento crítico para las garantías a la libertad de prensa, se considera que los recursos humanos y financieros destinados al mecanismo de protección para periodistas, vigente, no han sido eficaces para evitar el asesinato de comunicadores; los esfuerzos mencionados sobre ajustes estructurales al sistema de protección y la anunciada capacitación de funcionarios están lamentablemente desfasados temporalmente con respecto a la urgencia de la situación; y los mensajes de rechazo oficial a la violencia letal contra la prensa se mezclan y se confunden en tiempo y espacio con mensajes oficiales estigmatizantes que se enmarcan en una compleja y sostenida pugna de las autoridades federales sobre periodistas y medios de comunicación.
“La relevancia que asignan las autoridades a su conflicto con la prensa inevitablemente opaca los mensajes de rechazo a la violencia que han emitido, generando que pierdan la contundencia, convicción y nitidez que debieran tener en este momento”, subrayó.
La Oficina de Comunicación y Vocería de la Presidencia de la República de México envió a la Relatoría una comunicación en la cual defendió que el gobierno federal: condena cualquier acto de violencia en contra de las personas que ejercen la profesión de periodistas; exige que se adelanten las investigaciones para que se esclarezcan los hechos y se sancione a las personas responsables; reconoce que la violencia contra la prensa también es una afrenta a la sociedad; y reitera el llamado a todos los órdenes de gobierno para que se proteja la vida e integridad de periodistas.
“La Vocería de Presidencia cierra su apreciación destacando la obligación del Estado frente a la libertad de expresión y el pluralismo».
“Para la Relatoría, los esfuerzos institucionales actuales se encuentran desarticulados, en ocasiones son contradictorios, y sumados resultan insuficientes para contener el fenómeno de violencia contra la prensa que actualmente representa una de las principales amenazas a la libertad de expresión en México. En este sentido, esta Oficina llama al Estado a tomar con urgencia medidas complementarias a las ya anunciadas, que se puedan activar en el corto plazo y orientadas a fortalecer el despliegue institucional en los distintos niveles de autoridad y competencia”, puntualizó.
