El lunes que viene el Partido Demócrata va a intentar someter a debate en el Senado las Leyes John Lewis y Libertad para Votar, textos que buscan acabar con las normas estatales que restringen el derecho al voto
En los últimos 30 años, Estados Unidos ha celebrado ocho elecciones presidenciales. En siete de ellas, los candidatos del Partido Demócrata han conseguido más votos que los del Partido Republicano. Sin embargo, en ese periodo los republicanos han ganado tres elecciones: dos con Bush y una con Trump.
Esa circunstancia es parte de la magia del sistema electoral estadounidense, con sus alambicados sistemas de atribución de la victoria por estados, que da prioridad a los territorios menos poblados. Es un sistema que en la mayor parte del mundo democrático resulta incomprensible. En EEUU hay más de 50 regulaciones electorales: uno por estado, más el Distrito de Columbia, Puerto Rico y los diferentes territorios que forman el país.
Cada uno tiene sus propias normas en lo relativo a las fechas en las que se puede votar, cómo se puede votar, qué documentos hay que presentar para votar, dónde van a estar los colegios electorales, y hasta cómo se van a contar los votos. Mejorando lo presente, ninguna elección está coordinada por un organismo independiente, como la Junta Electoral Central de España, sino que quienes se ocupan de eso son cargos políticos.
No es solo respeto por la tradición o por los derechos de los estados. Es, también, perversión de la democracia. Si se recorta el tiempo para votar o se limita el voto por correo, las personas que tienen que trabajar el día de las elecciones – que en la mayoría de los estados es laborable – lo tienen mucho más difícil para ejercer el derecho del voto. Si se colocan menos colegios electorales en las ciudades o en las zonas en las que viven minorías, la participación electoral en esas áreas caerá.
Y eso es lo que sucedió en 2021. Gran parte de los estados controlados por el Partido Republicano han aprobado leyes que restringen el derecho del voto. El caso más espectacular es Georgia, que Biden ganó contra todo pronóstico, donde dar agua a una persona que esté haciendo cola para votar es desde 2021 un delito. Dado que en ocasiones la gente tiene que hacer cola durante cuatro o cinco horas para votar, eso supone jugarse la vida, si la persona en cuestión tiene alguna enfermedad o es de cierta edad.
Para los demócratas, el objetivo de esas leyes es hacer que las minorías – en especial, los negros – no voten. Y es algo importante. Sin el voto de esa comunidad, el Partido Demócrata solo habría tenido un presidente en los últimos ochenta años: Lyndon B. Johnson, que ganó en 1964.
Lo cual lleva directamente al discurso que la noche de este martes tenía previsto dar Joe Biden en la ciudad de Atlanta, la ciudad en la que nació Martin Luther King, uno de los hombres que más hizo para que le derecho a votar se extendiera a todos los ciudadanos del país, incluyendo a los negros.
«¿Elegiremos la democracia en vez de la autocracia, la luz en vez de las sombras, la justicia en lugar de la injusticia? Yo sé dónde estoy yo. No me rendiré. No me amilanaré». Ésas eran frases del discurso, que habían sido distribuidas con antelación por la Casa Blanca. El objetivo era maximizar el impacto político a todos los niveles. Para elevar la temperatura política, hasta habían sido invitados los hijos de King, que fue asesinado en 1967.
El discurso de Biden no era un mero llamamiento a la opinión pública. El lunes que viene es el día de Martin Luther King, que es festivo, y justo en esa fecha el Partido Demócrata va a intentar someter a debate en el Senado las Leyes John Lewis, que toma su nombre del congresista del mismo nombre, que fue compañero en la lucha de King, y Libertad para Votar.
Ambos textos persiguen desmontar las iniciativas que los republicanos han lanzado en los estados que controlan. Y, para ello, lo que buscan es «federalizar» las elecciones, es decir, hacer que el Gobierno de Washington las supervise.
La oposición republicana afirma que se trata, por tanto, de un nuevo ataque del Estado federal contra los derechos de los estados. La izquierda demócrata responde a esas afirmaciones recordando que el derecho de los estados a tener esclavos fue precisamente el argumento empleado por el sur para lanzar la guerra de secesión en 1861.
Así que el discurso de este martes supuso la entrada de EEUU en un nuevo año político. En 2021, Biden centró su agenda en la economía. En 2022, en las elecciones. Es un intento no solo de salvaguardar – otros creen que pervertir – las elecciones, sino, también, de movilizar a sus votantes en un momento en el que la popularidad del presidente se ha desplomado a los niveles de Donald Trump a medida que la inflación se come los sueldos de los ciudadanos y la pandemia del Covid-19 sigue sin mostrar signos de desaparición.
Biden ha entrado en fase electoral a falta de diez meses y medio para que se celebren elecciones al Congreso que pueden destrozar a su partido, el Demócrata. La campaña ha empezado. El tema de las elecciones es, precisamente, cómo se pude votar.
