MÉXICO. La iniciativa preferente de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador se discute hoy en la Cámara de Diputados.
Esta polémica propuesta es el intento más reciente del político tabasqueño para fortalecer a la compañía estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) y se plantea después de que la Suprema Corte desarmó un intento de la Secretaría de Energía (Sener) por imponer una política para favorecer a la empresa productiva del Estado.
BBVA señaló en un análisis que la iniciativa, comparable con una expropiación, puede dejar obsoletas inversiones privadas por 40,000 millones de dólares, 5 veces el desembolso del gobierno para la refinería de Dos Bocas.
Para entender en qué consiste y cuáles son sus principales impactos, te presentamos una síntesis de los cambios que propone el Poder Ejecutivo.
Prioridad para usar la energía de CFE
El propósito del gobierno es que las centrales hidroeléctricas de CFE despachen primero su energía al sistema eléctrico, seguidas de su central nuclear, plantas geotérmicas, de ciclos combinados y termoeléctricas. En segundo lugar de prioridad, las plantas de ciclo combinado de Productores Independientes de Energía. En un tercer orden entrarían las centrales eólicas y solares de la iniciativa privada, y al final los ciclos combinados privados.
El Poder Ejecutivo pretende cambiar el criterio de los costos variables a costos fijos, pues el Mercado Eléctrico Mayorista, derivado de la reforma energética del gobierno priista de Enrique Peña Nieto, no refleja los costos totales de generación de electricidad —como los llamados servicios conexos que garantizan la confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico—, sino únicamente aquellos que terminan por desplazar a CFE.
A diferencia de la iniciativa presidencial, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) actualmente despacha la energía que demanda el país de acuerdo con un criterio de competencia económica, eficacia e imparcialidad.
Permisos subordinados a planes del gobierno
El gobierno morenista argumenta que la reforma priista promovió la entrega de permisos de generación de forma desordenada, lo que saturó las líneas de transmisión, pero esta misma administración canceló la licitación de 2 redes de transmisión para desahogar los cuellos de botella en el sur y norte del país, respectivamente.
Según la iniciativa, la proliferación indiscriminada de permisos constituye un grave riesgo para el funcionamiento de la red nacional de transmisión y redes de distribución.
Por lo tanto, los permisos que se entreguen deberán estar alineados con el Programa Nacional del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen), que elabora la Secretaría de Energía cada año y con una proyección a 15 años.
Certificados limpios para plantas viejas de CFE
López Obrador busca que las plantas de CFE, como las hidroeléctricas y su central nuclear, puedan emitir Certificados de Energía Limpia sin considerar el inicio de su operación comercial, pues actualmente solo pueden hacerlo centrales que arrancaron producción después del 11 de agosto de 2014 o tuvieron aumentos en su capacidad de generación.
Los certificados acreditan la generación de luz con fuentes limpias. Estos se pueden adquirir en el mercado eléctrico mayorista o en subastas eléctricas, para que los participantes obligados puedan compensar el consumo de energía contaminante.
La iniciativa privada ha manifestado que si las plantas de CFE emiten certificados inundarían el incipiente mercado y devaluarían los títulos a cero, lo que pondría en riesgo el desarrollo de algunos proyectos, además de los ingresos que actualmente perciben por este mecanismo.
Adiós a las compras obligadas de CFE en subastas eléctricas
Con la reforma de 2013, los suministradores de servicios básicos, en este caso CFE, tienen que contratar cobertura eléctrica exclusivamente con subastas organizadas por el Cenace. Si la empresa requiere más energía, tiene que acudir al Mercado EléctricoMayorista, con precios más caros.
La perversión de este esquema, según el gobierno, es que son contratos a 20 años con precios que no contemplan cambios del mercado y que se aprovecha de la infraestructura de CFE.
Las subastas de eléctricidad establecieron precios de generación de hasta 20 dólares por MegaWatt-hora (MWh), una cifra que en su momento fue un récord internacional y referencia para otras subastas a nivel mundial.
Anulación de permisos para autoabasto eléctrico
El autoabasto eléctrico es un modelo establecido en el sexenio del priista Carlos Salinas de Gortari, implementado para que grandes consumidores industriales, como las cementeras, acereras o firmas automotrices, pudieran generar su propia electricidad e incorporarla a la red de transmisión, incluso si la planta no estaba en la misma zona de sus fábricas.
Pero esta situación se distorsionó con la posibilidad de sumar socios a una central hasta con solo un dólar. CFE ha denunciado un mercado negro de electricidad con precios pro debajo del mercado eléctrico mayorista bajo este esquema.
La reforma persigue que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) invalide estos permisos donde participan empresas de diversos sectores como Femsa, Walmart, Bimbo, Telmex y AT&T.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) estimó que las empresas que emplean el autobasto eléctrico generan el 14% del Producto Interno Bruto (PIB).
Revisión de contratos de CFE con productores privados
Este cambio pretende revisar la legalidad y rentabilidad para el gobierno de los contratos de generación y compraventa eléctrica de la empresa estatal suscrita con Productores Independientes de Energía (PIE).
El gobierno justificó este punto porque la administración priista incluyó el esquema en la ley eléctrica derivada de la reforma energética, a pesar de que se derogó la legislación que los sustentaba, además contienen tarifas crecientes mientras los precios de electricidad bajo otros modelos son considerablemente inferiores y fijos.
“Existe una contradicción insalvable, lo que provocó su desnaturalización y la causación de graves daños patrimoniales a la CFE, siendo ello una razón
más que suficiente para proceder a la revisión de su legalidad”, señala el presidente en el documento.
