El Instituto Nacional de Antropología e Historia pide a la población denunciar el saqueo de vestigios culturales.
El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) Quintana Roo, exhortó a la población en general a denunciar el saqueo de vestigios que hay en los sitios arqueológicos, porque se atenta contra la identidad de los pueblos.
Margarito Molina Rendón, delegado del Instituto, resaltó que es importante frenar la pérdida del patrimonio y la riqueza cultural, porque eso puede imposibilitar la interpretación del contexto original.
El funcionario federal ha destacado en reiteradas ocasiones que es importante conservar el patrimonio que se tiene en los 13 sitios arqueológicos abiertos al público y los que no, por ello se realizan los trabajos, en el caso de los primeros, para que se guarden lo mejor posible.
Sin embargo, se tiene conocimiento de que todavía se registra el saqueo, principalmente en los vestigios donde no hay vigilancia, para posteriormente ser ofertados en el mercado negro, incluso sacados del estado y del país.
Desafortunadamente no se tiene el conteo sobre la pérdida de vestigios culturales, pues se carece de una contabilidad exacta de las piezas que hay en los sitios aún no explorados a detalle por el personal del INAH.
Por lo pronto, el mensaje que se envía a la ciudadanía, desde el Centro INAH Quintana Roo, es el de fomentar la denuncia, que en este caso por ser un daño al patrimonio de la nación, es la Fiscalía General de la República (FGE) la encargada de las investigaciones.
De acuerdo con la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, la pena que puede alcanzar una persona que atente contra el patrimonio de la nación es la prisión y una multa económica.
“Al que realice trabajos materiales de exploración arqueológica, por excavación, remoción o por cualquier otro medio, en monumentos arqueológicos inmuebles, o en zonas de monumentos arqueológicos, sin la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se le impondrá prisión de tres a diez años y de mil a tres mil días de multa”, establece la ley.
