Iniciativas de ley continúan congeladas en el estado
Más de 142 mujeres han viajado a la CDMX para interrumpir embarazo
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, desde 2007 hasta julio de 2020, han sido 142 las mujeres procedentes de Quintana Roo que han viajado a la capital del país para acceder a la interrupción legal del embarazo, mientras que en el resto de la península de Yucatán los números son sustancialmente menores: con sólo 45 mujeres de Yucatán y apenas 16, de Campeche.
Yunitzilim Rodríguez Pedraza, integrante del colectivo Marea Verde Quintana Roo, y Vanesa González-Rizzo Krasniansky, representante estatal de Derechos, Autonomías y Sexualidades (DAS) y de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser), coincidieron en que el hecho de que haya mujeres que pueden ejercer su derecho al aborto, y otras que no, representa un trato desigual que se traduce en discriminación.
Argumentaron que sólo las quintanarroenses con mayores recursos económicos son las que pueden costearse el viaje a la Ciudad de México para acceder al aborto legal, lo que deja en la indefensión a quienes no tienen esa posibilidad. “Parece muy complejo, pero es muy sencillo. Hacer un aborto legal lo único que logra es que las mujeres no mueran. Nada más. Si tú, mujer, no quieres abortar, no abortes; hay que dar libertad a la gente, no restringir a nadie. Más allá de las creencias personales, hay que respetar los derechos humanos y, dentro de estos, están los derechos sexuales y reproductivos”, afirmó González-Rizzo Krasniansky. Según cifras basadas en reportes de hospitales de la Secretaría de Salud (SS) federal, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en 2002 se registraron 2 mil 422 abortos en Quintana Roo, mientras que en 2017 la cifra aumentó a 3 mil 232.
Asimismo, de 2002 a 2017 fueron reportados en el estado 13 fallecimientos de mujeres por complicaciones al abortar, según datos del Inegi y la Secretaria de Salud. Del total de defunciones, el 23 por ciento fueron adolescentes. González-Rizzo Krasniansky, subrayó que, de las 18 mil 86 atenciones obstétricas registradas en el Subsistema Automatizado de Egresos Hospitalarios en 2017 en Quintana Roo, mil 630 fueron por aborto, y 376 correspondieron a menores de 20 años.De 2016 a 2018, el Inegi registró 52 abortos en la entidad, de los que 30 fueron espontáneos, y ninguno se clasificó como provocado; sin embargo, de 2016 a 2019 hubo 25 denuncias por el delito de aborto.
11 carpetas de investigación abiertas
Con 11 carpetas de investigación abiertas por el delito de aborto, Quintana Roo ocupa la novena posición a nivel nacional, esto según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de enero a agosto del año en curso. Por su parte, el Estado de México ocupa el primer lugar con 101 casos, seguido de Nuevo León con 67 y la Ciudad de México con 57.
Silvia Chuc Aburto, representante de Gobernanza Mx y activista a favor de la igualdad de género, destacó que la criminalización de las mujeres ha aumentado con respecto a 2019, cuando se registraron sólo nueve denuncias en el estado. “El Código Penal estatal establece una pena de seis meses a dos años de prisión a la mujer que se provoque un aborto o consienta en que alguien se lo realice, lo cual, en la actualidad es absurdo, toda mujer debe tener derecho a decidir sobre su cuerpo”.
El censo de Procuración de Justicia del Inegi registró que, en 2019, de 553 delitos de aborto en el país, cuatro correspondieron a Quintana Roo. En ese mismo año, el censo del Sistema Penitenciario, también del Inegi, estableció que había seis personas recluidas y bajo proceso por el delito en la entidad.
La Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005 (NOM-046) garantiza a las mujeres que han sufrido violación el derecho a interrumpir su embarazo sin el requisito de levantar una denuncia ante el Ministerio Público, pero es una determinación que no se cumple en el estado aseguró Chuc Aburto “No aplican la NOM-046”, afirmó. “En general, hay una mala atención a las víctimas de violencia sexual, a las que no solo no se les da acceso al aborto. Los centros de salud no quieren proporcionarles la pastilla anticonceptiva de emergencia y es el personal de salud el que denuncia los abortos”.
