🔸El estado ha recibido al menos 18 solicitudes de juicio político en los últimos años.
#QUINTANAROO | Las Comisiones Unidas de Justicia y de Puntos Legislativos del Congreso de Quintana Roo aprobaron el dictamen que propone la creación de la Ley Estatal de Juicio Político, en sustitución de la parte vigente que queda de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
Hugo Alday, presidente de la Comisión de Justicia, uno de los promoventes junto a la secretaria de Gobierno de Quintana Roo, Cristina Torres, informó que la nueva ley pretende establecer los mecanismos y criterios para la valoración de pruebas, así como los derechos y obligaciones de las partes involucradas, incluyendo la posibilidad de nombrar un defensor.
También destacó la importancia histórica de este dictamen, ya que el Juicio Político es una figura emanada de la Constitución de Filadelfia de 1787 y su actualización procesal en Quintana Roo abona a la progresividad del derecho.
Es importante destacar que Quintana Roo ha registrado al menos 18 solicitudes de juicio político. Estas solicitudes incluyen a ex colaboradores de los ex gobernadores Roberto Borge y Carlos Joaquín González. Aunque diferentes legislaturas del Congreso no atendieron estas solicitudes, se les ha dado seguimiento a través de otras instancias, como la Contraloría del Estado, entre otras.
Además, se establecen los términos perentorios de manera precisa, especificando las autoridades responsables de resolver cada etapa del proceso.
Dentro de estas disposiciones, se señala hasta dónde llega la intervención de la Comisión de Justicia, el momento en que inicia la comisión instructora encargada de llevar a cabo el proceso y el procedimiento que seguirá el Congreso, cuando este actúe como jurado calificador.
La nueva ley también abarca la declaración de procedencia ante solicitudes que provengan del Congreso de la Unión o de acciones penales en las que se dé vista por parte de particulares contra funcionarios que tengan fuero, a pesar de que el fuero es una figura que se quitó a los funcionarios y diputados locales por reforma a la Constitución local del 2017.
