Un miembro de la Guardia Nacional de servicio en la frontera entre Texas y México en El Paso disparó a través del Río Grande, hiriendo a un mexicano de 37 años en Ciudad Juárez, la noche del sábado 26 de agosto.
Darwin José García resultó herido cuando la bala entró por la pierna derecha mientras hacía ejercicio a orillas del Río Grande. Según los informes, el hombre fue atendido en un hospital local y después fue dado de alta.
Pero aquí la pregunta que me hago es ¿y si la situación fuera al revés? ¿Y si fuera un soldado mexicano quien disparara su arma reglamentaria hacia Estados Unidos e hiriera a un civil? ¿Cuál sería la respuesta de los funcionarios estadounidenses?
La respuesta a esa pregunta ya la conocemos porque ya existe un peligroso patrioterismo que satura los noticieros pidiendo intervenciones militares. Sin que hayan ocurrido incidentes en donde soldados mexicanos hayan disparado a civiles en los Estados Unidos, los llamamientos para una acción militar unilateral e incluso un bombardeo a México son fuertes.
Todos los principales contendientes para la candidatura presidencial republicana ya están pidiendo fuerza militar contra los cárteles del crimen organizado y la migración, amenazando la soberanía de México.
Durante el primer debate republicano que ocurrió el 23 de agosto, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, prometió que eliminaría los laboratorios de fentanilo y operaciones de cárteles “en un día” con una respuesta militar.
La exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, también ha amenazado con utilizar el poder militar contra México, diciendo: “¿Sabes lo que le dices al presidente mexicano? ‘O lo haces tú o lo hacemos nosotros’”.
Por su parte, el empresario y activista conservador Vivek Ramaswamy dijo en una entrevista que en los primeros seis meses como presidente, él justificaría el uso de fuerza militar para diezmar a los cárteles, “al estilo de Osama Bin Ladin”.
Normalizando la peligrosa retórica de una intervención militar contra México se debe a que el expresidente Donald Trump, el favorito del Partido Republicano, ha establecido esto como un tema de conversación estándar que otros repiten como loros sin apreciar las peligrosas consecuencias. Hasta ha solicitado planes de batalla, y al menos un influyente grupo de expertos conservador está vendiendo esta nefasta idea a los políticos deseosos de entablar una guerra con nuestros vecinos del sur.
Tal vez algunos me van a decir que la Patrulla Fronteriza ya informa de disparos ocasionales desde México hacia Estados Unidos. Probablemente eso sea cierto, ya que las redes criminales utilizan la violencia para controlar y subyugar a personas migrantes que buscan cruzar la frontera. Pero la diferencia es que este era un soldado uniformado que representaba al gobierno de Texas, disparando contra un país soberano e hiriendo a una persona inocente.
Se supone que los soldados están entrenados para conocer y respetar las leyes, no para violentarlas.
El 13 de enero cerca de McAllen, Texas, el soldado Ángel Gallegos hirió al migrante Ricardo Rodríguez Nieto en el hombro cuando el soldado le disparó con su pistola. El soldado afirmó que el tiroteo ocurrió durante una pelea, lo que Rodríguez Nieto y otras personas migrantes cuestionan. En enero de 2022, un guardia también disparó su rifle en Laredo para inutilizar un vehículo cuyo conductor supuestamente había intentado atropellar a otro guardia.
No debería sorprendernos que estas acciones hayan ocurrido en Texas, ya que el gobernador Greg Abbot ha gastado más de $4 mil millones en dos años en su autodeclarada guerra contra la migración. Sin embargo, la creciente militarización es una acumulación que se ha ido desarrollando durante varias décadas y de la que ambos partidos políticos son culpables.
No podemos olvidar que los agentes de la Patrulla Fronteriza también han estado involucrados en tiroteos transfronterizos, incluso contra menores de edad. Cuando estos ocurren, la Corte Suprema ha determinado que los familiares no pueden demandar a los agentes por sus acciones, citando que los ciudadanos extranjeros no son protegidos por las leyes federales de los Estados Unidos.
Con la temporada de campaña calentándose y miles de millones de dólares financiando la militarización de las comunidades fronterizas, es probable que actos de violencia estatal proliferen. Mi temor es que prevalezca la impunidad en las investigaciones y no haya rendición de cuentas.
