El Gobierno de Trudeau asegura que el decreto mexicano que veta el uso del grano genéticamente modificado para consumo humano no tiene sustento científico y vulnera el comercio entre los tres países
La prohibición del maíz transgénico que pretende implementar México ha abierto un nuevo foco de tensión con Canadá. El Gobierno de Justin Trudeau ha dado a conocer este viernes que se sumará al panel de controversias iniciado por Estados Unidos respecto al uso del maíz genéticamente modificado en tortillas y masa. “Canadá comparte las preocupaciones de Estados Unidos de que México no cumple con las obligaciones científicas y de análisis de riesgos bajo el capítulo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de CUSMA (TMEC). Las medidas adoptadas por México no cuentan con respaldo científico y tienen el potencial de perturbar innecesariamente el comercio en el mercado norteamericano”, refiere la Administración canadiense, por escrito.
La decisión de Canadá de unirse al panel de controversias, solicitado por EE UU el pasado 17 de agosto, está respaldado por la ministra de Comercio canadiense, Mary NG y el ministro de Agricultura de ese país, Lawrence MacAulay. “Canadá seguirá garantizando la estabilidad y la resiliencia de los agricultores canadienses y del sector agrícola en los años venideros”. El Gobierno del Canadá también apoyó a EE UU cuando presentó una solicitud para iniciar las consultas de “resolución” sobre la controversia del maíz transgénico.
En México, el Gobierno de López Obrador ha tratado de vetar el uso del maíz genéticamente modificado desde el 2020. El principal argumento del Ejecutivo es el proteger el maíz nativo y la salud de la población frente a los agroquímicos. El presidente emitió un decreto final prohibiendo el uso del grano para consumo humano el pasado 13 de febrero, sin embargo, esta decisión ha despertado tensiones internacionales porque pone en riesgo más de 5.000 millones de dólares en exportaciones del grano que llegan anualmente a territorio mexicano desde EE UU.
México es el principal importador de maíz estadounidense. Cada año compra a EE UU más de 15 millones de toneladas del grano. En su gran mayoría, se trata de maíz amarillo destinado al forraje de animales y para cuyo cultivo se utilizan transgénicos. A diferencia del maíz blanco, que se destina al consumo humano y donde México es autosuficiente, el país latinoamericano depende de las importaciones para cubrir tres cuartas partes de sus necesidades de grano amarillo.
Tras más de cinco meses de reuniones trilaterales en las primeras consultas de resolución, no se logró llegar a un acuerdo y la Casa Blanca llevó la disputa un paso más adelante al solicitar un panel de controversias con el que se prevé zanjar definitivamente este asunto. El panel pretende frenar este polémico decreto. La resolución final del panel se prevé hasta 2024.
Pese al rechazo de Canadá y EE UU por este veto al maíz transgénico, el Gobierno de López Obrador se ha mantenido firme en su decisión. La Secretaría de Economía informó la semana pasada que está preparada para defender la posición mexicana ante este panel internacional y demostrar que la regulación nacional es consistente con los compromisos suscritos en el Tratado y que las medidas impugnadas no tienen afectaciones comerciales. El planteamiento de México, dijo, es conformar un grupo de investigadores con el apoyo de las secretarías de Economía y de Agricultura y Desarrollo Rural, así como el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt).
El propio presiente López Obrador ha defendido su postura en su habitual conferencia de prensa en Palacio Nacional y rechazó que México esté violando el TMEC. “No es un asunto nada más de México, es un asunto que les va a ayudar a los consumidores de Estados Unidos y de todo el mundo. Nosotros no vamos a permitir que se utilice maíz transgénico para la alimentación del pueblo de México, primero la salud”, declaró el mandatario.
