De acuerdo con la Evaluación Nacional de Riesgo
Son el Cártel de Pacífico, el del Golfo, el Jalisco Nueva Generación y los Zetas
La Evaluación Nacional de Riesgo y la Estrategia Nacional de Combate al Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (ENR), revelaron que hay cuatro células del crimen organizado con operaciones en Quintana Roo. Estos grupos son: el Cártel del Pacífico, Cártel del Golfo, Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Zetas.
De acuerdo con datos de inteligencia de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), desde 2016 ya se había confirmado la operación de los cárteles de Sinaloa (Pacífico), del Golfo, los Zetas y el Cártel Jalisco Nueva Generación en Quintana Roo.
En octubre de 2016 se confirmó la operación de “Los Pelones” y “Los Talibanes”, células ligadas con el Cártel del Golfo y los Zetas y desde entonces y hasta 2018, se vivieron los años más violentos de este destino turístico, precisamente durante la transición de la administración estatal, entre Roberto Borge y Carlos Joaquín González.
En el mismo periodo de tiempo, arribaron a la entidad los primeros elementos del Cártel Jalisco Nueva Generación, con lo que hubo un crecimiento exponencial de la violencia, que dejó a la postre 137 ejecuciones en 2016, mientras que para 2017 se elevó a 326 ejecuciones y para 2018 fueron 936 homicidios, el año más violento, no sólo en Quintana Roo, sino también en todo el territorio nacional.
Tuvieron lugar en ese momento, hechos violentos de gran magnitud como el ataque al bar Blue Parrot en Playa del Carmen, en pleno festival de música electrónica el 16 de enero de 2017 y que dejaron como saldo seis personas muertas y siete heridas. El día posterior a este atentado, en Cancún, personas armadas realizaron un ataque a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la Zona Norte, dejando cuatro personas muertas.
El año pasado se registraron 698 ejecuciones y hasta el último corte oficial presentado el pasado 20 de septiembre, en lo que va de 2020 van 408 homicidios dolosos, es decir, que hay una evidente diminución en el numero de ejecuciones a partir de 2019, de acuerdo con cifras estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp).
Dos mil 505 muertes relacionadas al crimen organizado
De 2016, fecha que el estudio presentado por la UIF toma como inicio para evaluar el alcance económico de los grupos criminales, y hasta el día de hoy hay un registro de dos mil 505 muertes relacionadas con el crimen organizado en Quintana Roo.
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), señaló que las organizaciones delictivas siempre encuentran mecanismos que les permiten violar la ley y disponer de ganancias ilícitas, mismas que a nivel nacional generaron un monto de por lo menos un billón de pesos entre el 2016 y el 2018.
Asimismo, presentó un mapa de la distribución de los diversos grupos delictivos en el país, donde se especifica que en la región de la Península de Yucatán se tiene la presencia de cuatro cárteles, entre los que se encuentran Cártel del Pacífico, Cártel del Golfo, Los Zetas y el Cártel Jalisco Nueva Generación, éste último con presencia exclusiva en Quintana Roo.
“Tenemos 19 organizaciones delictivas de alto impacto, y de ellas dos de naturaleza supranacional: el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Pacífico”, declaró.
Reveló que el Cártel de Sinaloa y el CJNG se disputan 15 entidades: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Zacatecas, Jalisco, Colima, Querétaro, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo, ésta última entidad, la única de la península donde tienen presencia.
Finalmente, autoridades de la UIF y de Seguridad y Protección Ciudadana, coinciden en que para restarle fuerza a los cárteles se debe golpear de forma correcta sus redes de manejo financiero “el ataque y el combate a estos grupos debe hacerse a través de la mecánica de cinco ejes, primero el combate a los sicarios y a los líderes de los cárteles, como se hace de manera ordinaria; después el combate a sus estructuras financieras, para evitar que sigan reproduciendo los mecanismos para poder pagar sicarios; el tercero, el combate a la corrupción política que los protege, sobre todo en los ámbitos locales; el cuarto: combate a la corrupción judicial, ministerial y policial que les genera, les da protección jurídica y, finalmente, a la base social que los apoya”, concluyó.
