En la mayoría de las nuevas disposiciones legales para el mundo del trabajo en el país, las compañías cuentan con un bajo nivel de cumplimiento, lo que las pone en riesgo de sanciones. Todo esto a pesar de que en algunos casos se trata regulaciones con varios años de vigencia.
En los últimos cinco años, la agenda de política laboral en el país ha tenido cambios importantes, desde una norma de prevención de factores de riesgos psicosociales hasta nuevas reglas de subcontratación de servicios especializados. Sin embargo, la mitad de los centros de trabajo en el país está en riesgo de incumplimiento de las nuevas disposiciones ya sea por omisión o por falta de seguimiento, revela un estudio de la firma Sánchez Devanny.
De acuerdo con el estudio Retos y oportunidades en materia laboral para 2023, en la mayoría de los casos, la mitad de las empresas no ha tomado acciones para implementar las nuevas regulaciones, o bien no ha adoptado medidas de control para asegurar el cumplimiento normativo.
En el caso de la reforma de subcontratación que prohibió el outsourcing basado en suministro de personal, aunque las compañías acataron las disposiciones establecidas, el 50% de ellas no cuenta con ningún control interno para verificar que sus proveedores estén al corriente con los requisitos del régimen de tercerización de servicios especializados.
“El año de la reforma estuvimos con mucho trabajo por la reestructura de las cadenas de proveeduría, pero me parece que las empresas se quedaron con una idea corta de que el cumplimiento es sólo el Repse, y cada vez que se toca el tema de subcontratación lo limitamos a tener Repse. Pero ¿ya vimos si su Repse coincide con su constancia de situación fiscal? Hay una serie de obligaciones adicionales por la responsabilidad solidaria que las debió llevar a una revisión más profunda de los proveedores”, señala Alfredo Kupfer, socio de Sánchez Devanny.
De las empresas que sí han adoptado mecanismos internos de control, el 28% ha identificado que la actividad de su proveedor registrada en el Repse, padrón operado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), no coincide con su objeto social; otro 33% ha detectado que la actividad inscrita en el registro público forma parte de su objeto social como contratante.
Entre otros hallazgos, la NOM-035 sobre factores de riesgo psicosocial en el trabajo también presenta un bajo nivel de cumplimiento. Y aunque esta norma tuvo una entrada en vigor en dos fases y tiene poco más de dos años de vigencia plena, la conversación en el mercado laboral sobre la nueva regulación tiene más de cinco años desde su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
En la aplicación de dicho instrumento regulatorio, el 50% de las empresas no ha realizado ninguna acción, según la investigación de la firma. Desde la perspectiva de Alfredo Kupfer, esto se vincula con una baja inspección en la materia por parte de la autoridad. Y aunque se ha mejorado el mecanismo para verificar a los centros de trabajo, la NOM-035 no ha tenido suficiente supervisión y ha quedado como un tema de “buenas prácticas”.
“En el teletrabajo, si bien encontramos que hay un conocimiento de la regulación, no en todos los casos se encuentra completamente implementada, porque hay muchas obligaciones alrededor de esto, no solamente es acordarlo por escrito. Ahí nos dimos cuenta que se empieza a caer en una falta de interés, porque encontramos una tendencia a que se retorne a las oficinas en esquemas híbridos que no cruzan la barrera del tiempo legal para ser considerado teletrabajo”, apunta el especialista.
Otra de los cambios emblemáticos de los últimos años ha sido la reforma laboral de 2019 en materia de justicia laboral, democracia sindical y negociación colectiva. En esta materia también se observan áreas de oportunidad.
