Opción de acuerdos reparatorios
Se recuperaron 31 millones de pesos a favor de los agraviados
La Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que resolvieron en lo que va de este año 1,006 conflictos penales mediante la opción jurídica denominada justicia alternativa, haciendo valer este recurso a favor de los agraviados.
Así, el Centro de Justicia Alternativa de la FGE ha recuperado un total de 31 millones 561 mil 848 pesos a favor de las personas agraviadas por un ilícito.
Explicaron que para acceder a este tipo de mecanismos alternos, la persona interesada interpone la denuncia ante el Ministerio Público y si el delito es procedente para la firma de un acuerdo reparatorio el servidor le informará para que pueda enviarse el expediente a esta área.
Más tarde se notifica a la otra parte involucrada y con ello se iniciará el procedimiento una vez que quienes estén relacionados con el asunto tengan la voluntad de llegar a un acuerdo a través del Centro de Justicia Alternativa de la FGE.
El titular de la FGE, Óscar Montes de Oca Rosales, explicó que la justicia alternativa es un procedimiento mediante el cual se puede resolver un conflicto de una manera sencilla, sin tener que llegar a juicio. “Estos mecanismos siguen los principios de voluntariedad, información, confidencialidad, flexibilidad, simplicidad, imparcialidad, equidad y honestidad, puesto que permiten realizar propuestas en un entorno idóneo, con condiciones de equilibrio para los intervinientes”, manifestó.
Añade que este procedimiento es dirigido por facilitadores, pero siempre se trata de personal certificado y capacitado para atender este tipo de conflictos por la vía de la mediación y conciliación. Es por lo anterior que los involucrados deben estar libres de coacción.
Faltan opciones digitales para justicia en el estado
La justicia jamás debe detenerse en un país, por ello, para hacer frente a las adversidades que llegaron con la pandemia de Covid-19, los poderes judiciales y legislativos mexicanos deben entrar a la nueva normalidad de la mano de diversas soluciones tecnológicas. Sobre todo estados como Quintana Roo, donde no migraron sus procedimientos a esta nueva forma de ejercer la justicia.
El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Ministro Arturo Zaldívar, señaló que todos los sectores de la sociedad deben adoptar la nueva realidad. “Los jueces tenemos que buscar fórmulas creativas para seguir prestando la función tan importante que nos encomienda la Constitución y hacerlo de forma eficaz con una gran sensibilidad social y humana”, dijo al impartir la Conferencia Magistral “El PJF, retos y oportunidades después de la pandemia”.
Destacó que el cambio más importante en el Poder Judicial fue a partir de junio, cuando inició la justicia en línea de manera completa, pues a partir de entonces todos los juicios, procedimientos y recursos se pueden tramitar de manera digital.
No obstante, organizaciones de la sociedad civil señalan que aún hace falta un estándar nacional de acceso a la justicia tras la pandemia, lo que podría provocar un servicio de justicia dispar. Adriana Greaves, cofundadora de Transparencia Mexicana y Tojil, recalca la importancia de no olvidar que antes de la pandemia, en México ya existía una deuda en acceso a la justicia.
“Tener justicia en el país es complicado, es muy difícil que sea pronta y con la pandemia se hizo más amplia esa brecha para acceder a ella pues su impartición no fue catalogada como una actividad esencial”, dijo.
De acuerdo con las organizaciones, hasta el 19 de agosto, 19 poderes judiciales operan de manera presencial y 10 poderes, incluido el Federal, de forma mixta, pues además de operar de manera presencial, también tienen la opción virtual.
Señalan que entre los 29 estados que ofrecen el servicio de justicia de manera presencial o mixto, 26 establecieron alguna restricción para la atención presencial al público, por ejemplo, la obtención de una cita previa o la limitación a horarios.
De igual forma, se especifica que sólo 28 poderes judiciales, incluido el Federal, permiten consultar acuerdos digitales mientras que Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo y Tlaxcala no cuentan con esta modalidad.
