Un juez ordenó el viernes prisión preventiva para tres funcionarios del Instituto Nacional de Migración del estado norteño de Chihuahua quienes fueron imputados del delito de homicidio por su presunta vinculación con el incendio ocurrido en un centro de detención que dejó 40 migrantes fallecidos.
El Consejo de la Judicatura Federal indicó que durante una audiencia que se celebró ante los juzgados penales federales de Ciudad Juárez fueron imputados los tres funcionarios por los delitos de ejercicio ilícito del servicio público, homicidio y lesiones. Se les impuso la media cautelar de prisión preventiva oficiosa.
Los funcionarios imputados son el jefe del Departamento de Recursos Materiales del Instituto Nacional de Migración (INM) en Chihuahua, Eduardo Apodaca; del subdirector del Grupo Beta de Protección de Migrantes, Juan Carlos Meza, y de la funcionaria de migración Cecilia Rivera, quienes fueron detenidos el jueves según informó a The Associated Press un agente federal que habló en condición de anonimato porque no estaba autorizado a hacer declaraciones.
Otro de los funcionarios al que le dictaron orden de detención es el contraalmirante retirado Salvador González Guerrero, delegado del INM en Chihuahua, pero una juez de ese estado le otorgó una suspensión temporal de la orden. Estableció, en cambio, que “deberá comparecer de manera física y personal ante el juez de su causa para la celebración de la audiencia inicial”, señala la resolución judicial que se difundió el viernes.
Las tres detenciones solicitadas por la Fiscalía se concretaron luego de que un juez de la localidad fronteriza de Ciudad Juárez aprobara las órdenes de arresto contra Apodaca, Meza, Rivera y González Guerrero. El mes pasado un magistrado había acordado la detención de otras seis personas por su vinculación con el caso, de las cuales solo han sido apresadas cinco.
El Centro de Justicia Penal Federal de Chihuahua también aprobó el jueves las citaciones del titular del INM, Francisco Garduño, y del jefe de Control y Verificación Migratoria, Antonio Molina, para el 20 y 21 de abril para ser imputados.
Garduño y Molina serán procesados por presuntas conductas delictivas al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo.
El anuncio de la citación de Garduño se dio un día después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó de momento la salida del jefe del INM y elogió su trabajo.
Tras el mortal incendio ocurrido la noche del 27 de marzo en el centro de detenciones del INM en Ciudad Juárez, organizaciones humanitarias y activistas han intensificado los cuestionamientos contra la gestión de Garduño, quien asumió la dirección del organismo migratorio en junio de 2019, seis meses después de que López Obrador llegó al gobierno.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México emitió el jueves un informe en el que denunció violaciones a los derechos humanos y al trato digno cometidas por funcionarios del INM en agravio de más de 20 personas, incluidos menores, que se encontraban alojadas “en condiciones indignas” en centros migratorios de las localidades fronterizas de Saltillo y Piedras Negras, en el estado de Coahuila.
Ante las denuncias, la CNDH emitió una serie de recomendaciones dirigidas a Garduño para que se atienda la situación en esos centros y se capacite al personal en materia de derechos humanos.
El mes pasado fueron detenidas cinco personas por el incendio en el centro migratorio de Ciudad Juárez, entre ellas tres funcionarios del INM, un guardia privado y un migrante venezolano quien presuntamente inició el fuego en el lugar.
