La instancia internacional exhortó a reformar la Carta Magna para evitar la violación del principio de presunción de inocencia
La prisión preventiva oficiosa, que se aplica como medida cautelar en el país por el sistema de justicia penal, ha vuelto a ser un tema controversial tras la solicitud de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se reforme la Constitución Mexicana y se adecue con la Convención Americana.
De acuerdo con dicha instancia internacional, contribuye a cometer violaciones del debido proceso para quienes son presuntos responsables de la comisión de algún delito, además de restringir su libertad y derechos procesales, por lo que urgió a la realización de la modificación.
La CIDH explicó que no se realiza un análisis sobre la pertinencia de la medida cautelar para los acusados y se descartan otras medidas menos lesivas contra las personas, a las que no se les ha comprobado su culpabilidad.
“Su aplicación se hace de forma automática para los delitos que revisten cierta gravedad sin que se lleva a cabo un análisis de la necesidad de la cautela frente a las circunstancias particulares del caso, y dejando a los jueces sin posibilidad de ejercer”.
De esta forma, se señaló al Estado mexicano por vulnerar el derecho a no ser privado de la libertad de manera arbitraria, además al control judicial de la privación de la libertad, a la igualdad y no discriminación, así como la presunción de inocencia.
El exhorto de la Comisión se originó en el caso de las detenciones de Daniel García y Reyes Alpízar, quienes fueron arraigados pocas horas después para luego interponerles la figura de prisión preventiva oficiosa, por la que pasaron 17 años recluidos
