El Gobierno de López Obrador consigue apoyos de varias autoridades, organizaciones y países para apelar la decisión de un juez de desechar el caso contra las armerías estadounidenses
La lucha legal iniciada en 2021 por México para llevar a la justicia a 11 gigantes de la industria armamentista estadounidense ha dado un nuevo paso. Fiscales de 18 territorios de EE UU —junto a varias autoridades de seguridad, organizaciones y Gobiernos de otros países— se han sumado esta semana a la apelación del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador después de que un juez de Massachusets desechara una primera demanda civil en septiembre pasado. El país latinoamericano reclama “prácticas comerciales negligentes e ilícitas” a los fabricantes, “que facilitan el tráfico ilegal de armas a México”.
“Los acusados y los carteles mexicanos están involucrados en un intercambio letal: los demandados proveen de armas de asalto y rifles para francotiradores que las organizaciones criminales utilizan para fabricar drogas y aterrorizar a ciudades enteras en México; los carteles, a cambio, importan esas drogas y siembran el caos en Estados Unidos”, se lee en el Amicus curiae, un documento presentado ante la corte de apelaciones del primer circuito para respaldar las demandas del Gobierno mexicano. El escrito está firmado por autoridades de California, Texas, Nueva York, Illinois y Pensilvania, entre otros. “Nuestras oficinas han visto de primera mano el efecto catastrófico que la conducta de los acusados ha tenido en nuestras comunidades, con una escalada de la violencia y guerras por el territorio peleadas con estas armas”, se agrega.
El apoyo de las autoridades llega meses después de que la causa mexicana sufriera un primer revés y no fuera admitida a juicio el año pasado. El juez federal que llevaba el caso, Dennis Saylor, aseguró en su resolución que la corte tenía “empatía por los mexicanos”, pero que el tribunal tenía en cuenta la Protection of Lawful Commerce in Arms Act (más conocida por sus siglas, PLCAA), una polémica ley promovida en 2005 que blinda a la industria de armas por el mal uso de las mismas. Días después de la decisión del juez, el canciller Marcelo Ebrard anunció una nueva demanda, esta vez en una corte de Arizona.
En los apoyos de los Amicus Curiae —las autoridades que han respaldado voluntariamente la nueva demanda y que son ajenos al litigio—, los fiscales de los 18 territorios estadounidenses consideran que el argumento sobre el blindaje de la PLCAA defendido por el juzgador solo ampara a la industria en caso de los malos usos por parte de terceros y no “por sus propias malas conductas o prácticas”. “El Tribunal de Distrito no consideró las enormes cargas económicas (y no económicas) que preserva la solicitud de PLCAA […] al inundar México con armas de fuego intencionalmente, los demandados [los 11 fabricantes] causan un daño profundo en los EE UU. Ha surgido un ciclo común: sus armas se compran en los EE UU, a menudo con las ganancias de la venta de drogas ilegales”, señalan en el escrito los fiscales.
Los abogados de México presentaron varios documentos para mostrar músculo ante la corte de apelaciones. Otro de los escritos ha sido firmado por ex policías, oficiales de justicia y funcionarios de agencias de seguridad, que muestran su apoyo a las demandas de México y defienden que los productores de armas saben que sus prácticas ponen las armas en manos de traficantes, que las cruzan y terminan cayendo en posesión de los cárteles mexicanos. Esa posición era uno de los argumentos que el Ejecutivo mexicano exponía en las 139 páginas de la demanda inicial, presentada ante el tribunal de Massachusetts en 2021: “Ellos saben bien que esas armas están entre las favoritas de los cárteles de la droga”. En el escrito de las autoridades han solicitado que no se permitan la evasión de responsabilidades de los fabricantes.
La violencia que ha sumido a México en las dos últimas décadas no ha sido una excepción en el continente. La Red de Seguridad Humana para América Latina y el Caribe, junto a seis países de la región han enviado un tercer comunicado, defendiendo la importancia de que este tipo de casos —en los que entran los involucrados en el proceso de tráfico de armas— sean juzgados en una corte federal. “La violencia armada es una de las crisis de salud pública más importantes en la región”, exponen en el escrito. Ese documento está firmado por los Gobiernos de Jamaica, Antigua y Barbuda, Belice, Bahamas y Trinidad y Tobago, cuyos apoyos se cabildearon a través de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.
El Gobierno mexicano ha reclamado que alrededor de medio millón de armas cruzan la frontera con EE UU de manera ilegal, lo que alimenta la ola de violencia homicida que azota al país. Para tratar de destacar la responsabilidad de los fabricantes, el Ejecutivo de López Obrador trató de mantener una estrategia desde dos frentes: el diplomático ―con una mesa de negociaciones con Washington―; y el legal, con la demanda interpuesta. Entre los 11 fabricantes demandados se encuentra Smith & Wesson, la compañía estadounidense más destacada, además de otras marcas como Colt, Barrett y Glock.
En las últimas semanas, el ala conservadora de EE UU ha estado en el foco. Varios congresistas republicanos han tratado de presionar a México para que replantee su estrategia de seguridad para quitarle poder al narco en la región, y ha propuesto encasillar a los cárteles mexicanos como grupos “terroristas”. Desde el Ejecutivo de López Obrador han llegado a criticar el intervencionismo que podría suponer la introducción del Ejército estadounidense en la frontera de México. Mientras en Estados Unidos se reclama el flujo de droga desde la frontera sur, México insiste en poner un alto a las armas que llegan ilegalmente desde su vecino del norte.
