La expectación del mercado está puesta en qué hará finalmente el mandatario con las empresas que actualmente se encuentran operando en esta localidad y en especial con la china Ganfeng Lithium.
El próximo 19 de febrero será un día clave para la industria del litio en México, porque para ese día se espera que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) otorgue las primeras concesiones a la nueva empresa nacional, LitioMx, en el marco del denominado Plan Sonora.
Sin una línea uniforme en su discurso, el mandatario ha dicho en reiteradas ocasiones que se encuentra conversando con las empresas que operan en el estado de Sonora para que desistan de sus planes y den paso al ambicioso proyecto de esta administración, todo esto, en momentos en los que casi en paralelo también ha manifestado que las concesiones solo se darían a compañías que estén dentro de los países miembros del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).
Con este telón de fondo, la expectación del mercado está puesta en qué hará finalmente el mandatario con las compañías presentes en el territorio y en especial con la china Ganfeng Lithium (rival de Tianqi, con operaciones también en Argentina y Australia), que es la tiene los derechos del único proyecto de litio activo del país, justamente en la localidad limítrofe con Arizona (EEUU).
Cabe recordar que actualmente en México existen cerca de 36 concesiones entregadas, de las cuales solo 27 estarían activas y dentro de ellas figuraría el yacimiento de Sonora, uno de los más grandes del mundo.
Dudas sobre LitioMx
Pero esta no sería la única duda dentro de la industria; también habría inquietud sobre la rentabilidad y efectividad de esta empresa estatal a lo que se sumaría la interrogante respecto de si es que esta sería una decisión geopolítica para afianzar las relaciones comerciales con sus vecinos del norte, en un contexto en el que la apuesta por el nearshoring ha tomado mayor fuerza en el país azteca.
Esa es precisamente la visión que compartió Francisco Ortiz, director del Centro de Regulación Energética y Economía del Desarrollo de la Universidad Panamericana de México en conversación con DFSUD.com.
Para el experto la fotografía es clara: “AMLO pretende de alguna manera desplazar a los chinos en sus inversiones en minas de litio en el país, para quedar bien con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá”, pues, además de la presencia del gigante asiático, también hay concesiones mineras para empresas canadienses.
Y es que claro, “la gran ventaja que tiene México sobre otros países productores de litio es su integración comercial con América del Norte”, añadió el Coordinador de Energía del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Oscar Ocampo, quien en esta línea ve que el país podría treparse a la cadena de valor del mineral, si es que lo hace a partir de la atracción y retención de la inversión.
Por eso mismo, Ocampo no ve con buenos ojos que el Estado quiera limitar las concesiones y reducirse a un solo actor, que es él mismo. Pero, de todas maneras, hay matices en la interpretación, porque Ortiz ve que el movimiento político de AMLO más bien apunta al reforzamiento de la postura nacionalista más que a limitar efectivamente la entrada de nuevos actores.
A su juicio, el hecho de que el jefe de Estado anunciara que apoyará las estrategias para fortalecer el bloque de Norteamérica, le otorga una mejor posición de negociación con las firmas chinas, pero no necesariamente con el objetivo de sacarlas de México, sino de conseguir mejores condiciones de operación que beneficien al Estado.
“Esto lograría que los chinos se queden en México, pero bajo condiciones más adecuadas a los intereses del país. Esto lo pondría en una posición muy benéfica para su imagen tanto nacional como en Latinoamérica de no ser un entreguista ante EEUU sin necesariamente tener que darles la espalda a ellos o los canadienses ”, añadió.
Manejo estatal
Otra de las aristas que surge en la discusión es si finalmente el Estado mexicano será capaz de rentabilizar el recurso a través de esta Empresa Nacional del Litio, y la apuesta del Coordinador del Instituto Mexicano de Competencia es a que no lograría hacerlo.
Ocampo se mostró crítico al asegurar que “la idea de que se controle toda la cadena de valor del litio es compleja, porque se ha demostrado que el Estado mexicano siempre ha sido muy pobre en la administración y extracción de los recursos que hay en el subsuelo”.
Un ejemplo de aquello, dijo, es la estatal Pemex y “el cómo el Estado derrochó la renta petrolera del boom de los ‘70, haciendo que la misma historia nos indique que es ineficiente”.
Trasladándose al plano internacional, argumentó que “los países que tienen un sector bien regulado pero competido con inversión privada en el litio son los que han sido más exitosos en explotar este mineral. Esa es una pista de porqué quizá esta no es una buena decisión política”, apuntó.
Las opciones en la mesa
Desde el punto de vista legal son pocas las opciones disponibles que tiene AMLO si es que no llega a un acuerdo con las firmas que mantienen concesiones actualmente en la zona.
Para el abogado José Postigo, de la firma Sánchez Devanny, una de las vías disponibles podría ser la cancelación y traspaso de concesiones a otra compañía, “pero justificando el porqué de la acción, de lo contrario podría meterse en un problema”, dijo.
Si bien aseguró que “con la modificación legítima de la ley el Estado puede restringir legalmente el acceso a la explotación del litio, lo que no puede hacer es despojar a una empresa de su proyecto” pues, se estaría violando el derecho de los inversionistas lo que podría derivar en una controversia internacional.
Otra opción sería la expropiación, pero “no veo probable que el gobierno esté dispuesto a abrir otro frente comercial siendo que es algo en lo que tienen poco que ganar. No creo que AMLO ahuyente esa inversión dado que es el único proyecto con avances de los 27 actuales”, remató Ocampo.
