El que en su día fue el máximo responsable de seguridad de México y el encargado de la lucha contra los cárteles de la droga responderá en las próximas horas a cargos de presuntamente haber aceptado millones de dólares en sobornos a cambio de ayudar al poderoso cártel de Sinaloa a mover drogar y a evitar la captura de sus miembros.
Genaro García Luna era más conocido como el exsecretario de Seguridad Pública del expresidente Felipe Calderón, un hombre de aspecto rudo que dirigió la sangrienta guerra contra el narco entre 2006 y 2012.
La fiscalía de Estados Unidos alega que era muy evidente que aceptó decenas de millones de dólares, a menudo metidos en maletines. Las pruebas en su contra incluyen recibos, aunque no está claro si eran de trabajos oficiales, de consultorías del sector privado, de pagos del cártel o de otros sobornos.
Afirman que siguió viviendo de sus ganancias ilícitas incluso después de mudarse a Estados Unidos, donde fue arrestado en 2019, aunque su defensa alega que era un empresario legítimo. Está previsto que la selección del jurado popular arranque el martes.
El caso podría revelar cómo los cárteles han podido operar abiertamente durante tanto tiempo: con sobornos a la policía y al ejército hasta los cargos más altos.
“Desde hace décadas, las élites políticas en México, de todos los partidos, han buscado por todos los medios que generales, secretarios de Seguridad, comandantes de policía, secretarios de gobernación y altos funcionarios coludidos por el narco sean enjuiciados y encarcelados en cárceles mexicanas… Todo con el fin de evitar que revelen información sobre los lazos entre los carteles de la droga y los políticos”, dijo el analista de seguridad en México David Saucedo. “El juicio a García Luna en Estados Unidos rompe con ese esquema”.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha acogido con satisfacción un juicio que se espera que arroje luz sobre la corrupción en el gobierno de Calderón, a quien el mandatario acusa de haberle robado la presidencia en 2006.
Pero el propio López Obrador luchó con uñas y dientes para evitar que el exsecretario de Defensa, el general Salvador Cienfuegos, fuese juzgado en Estados Unidos por cargos similares en 2020, y llegó a amenazar con expulsar a los agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) del país a menos que el general fuese devuelto a México, como acabó ocurriendo.
El juicio comienza días después de la reunión entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y López Obrador en la Ciudad de México. Los dos gobiernos se comprometieron a mantener la cooperación contra los cárteles del narcotráfico, especialmente frente al opioide sintético fentanilo, que contribuyó a más de 107.000 muertes por sobredosis en Estados Unidos en 2021. López Obrador eliminó la policía civil federal que en su día dirigió García Luna y puso al ejército a cargo de gran parte de la seguridad del país.
“No es lo mismo que tenemos, que no es un civil del gobierno panista, aunque se juzgue a otro como un secretario de la Defensa, cuando su proyecto político con inestabilidad nacional recae en las Fuerzas Armadas”, dijo Ana Vanessa Cárdenas, analista de seguridad internacional en la Universidad Anahuac, refiriéndose al conservador Partido Acción Nacional (PAN) de Calderón.
García Luna se ha declarado no culpable de los cargos de narcotráfico y de empresa criminal continuada. Si es condenado, podría pasar décadas en prisión.
En el tribunal de Brooklyn le espera un desfile de testigos gubernamentales, incluyendo miembros de alto nivel del cártel, nunca visto allí desde que el jefe del de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue condenado a cadena perpetua en 2019. Algunas de las acusaciones contra García Luna surgieron durante ese proceso.
“Mientras ocupaba cargos públicos, (García Luna) utilizó su posición para ayudar al cártel de Sinaloa, un conocido cártel mexicano del narcotráfico, a cambio de sobornos multimillonarios. En el juicio, el gobierno espera que numerosos testigos, incluyendo varios exmiembros de alto rango del cártel de Sinaloa, declaren acerca de los sobornos pagados al acusado a cambio de protección”, escribió el fiscal federal Breon Peace en un documento judicial la semana pasada.
“A cambio de estos sobornos, el acusado proporcionó al cártel de Sinaloa, entre otras cosas, un pasaje seguro para sus cargamentos de drogas, información confidencial de las autoridades sobre investigaciones al cártel e información sobre cárteles rivales”, apuntó Peace. “Estos pagos permitieron que, en ocasiones, el cártel recibiese avisos anticipados de las operaciones de las fuerzas de seguridad para detener a miembros y permitía que fuesen liberados si eran detenidos”.
Antes de condenar a Guzmán en 2019, los jurados del proceso en Nueva York escucharon como Jesús Zambada, un exmiembro de la organización criminal, declaró que él había realizado personalmente pagos por importe de al menos 6 millones de dólares a García Luna, en nombre de su hermano mayor, el jefe del cártel, Ismael “El Mayo” Zambada.
En la actualidad se cree que el grupo está dirigido por Zambada y por al menos tres de los hijos de Guzmán, uno de los cuales fue detenido a principios de mes en base a una petición de extradición de Estados Unidos.
García Luna no es el primer alto cargo mexicano arrestado por su relación con el narcotráfico. El general Jesús Gutiérrez Rebollo, que fue nombrado zar antidroga por el presidente Ernesto Zedillo en 1996, fue arrestado un año después tras descubrirse que vivía en un apartamento de lujo propiedad del líder del cártel de Juárez, Amado Carrillo Fuentes.
