En medio de una tensión entre las relaciones diplomáticas, este miércoles la familia del expresidente de Perú, Pedro Castillo, arribó a territorio nacional. Esto, después de pedir asilo político tras el encarcelamiento del exmandatario y su destitución por intentar disolver el congreso
Lilia Paredes, esposa del expresidente peruano Pedro Castillo, salió de Perú esta madrugada. El motivo: la persecución política de la que su familia está siendo parte tras la destitución y encarcelamiento de Castillo a inicios de diciembre, después de que el exandatario intentara disolver el congreso de ese país para evitar un golpe de estado.
Junto a sus hijos, Paredes llegó a México tras el ofrecimiento de asilo político que el embajador mexicano en el Perú, Pablo Monroy, extendió a la familia de Castillo. Esta acción le mereció a Monroy, y por extensión al gobierno mexicano, un quiebre en las relaciones diplomáticas entre ambos países que se expresó en la expulsión del diplomático mexicano del territorio peruano.
Tras el arribo de la familia de Pedro Castillo a territorio nacional, el director para América del Sur de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Martín Borrego, recibió a Lilia Ucilda Navarro y sus hijos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y posteriormente publicó en su cuenta de Twitter que esta acción era fiel a la “tradición diplomática y orgullo de la política exterior mexicana que sigue salvando vidas en América Latina”.
La llegada de la familia del exmandatario peruano fue confirmada durante la conferencia matutina del presidente López Obrador, quien a su vez hizo referencia a la expulsión del embajador mexicano en ese país, acusando que ésta fue motivada por una disputa entre el pueblo peruano y la clase política peruana que ha “mantenido esta crisis en ese país, por sus ambiciones personales, por sus intereses económicos”.
Y añadió: “comprendemos que esta situación los ha llevado a tomar medidas arbitrarias como la de declarar persona non grata a nuestro embajador en Perú, que hemos estado pendientes y la Secretaría de Relaciones Exteriores le ha pedido que regrese pronto, y está ya por llegar a México, porque lo que más nos importa es cuidar su integridad y la de su familia”.
Hasta el momento, Pedro Castillo continúa detenido en Perú, y en medio de una ola de protestas que exigen su liberación y que se convoquen a próximas elecciones, el nuevo gobierno a cargo de quien fuera vicepresidenta de ese país, Dina Boluarte, ha reprimido las manifestaciones, dejando cientos de personas heridas y asesinadas durante enfrentamientos con la policía.
Estos hechos han desatado una nueva crisis política en el país andino, crisis en la que, de acuerdo a la oposición del gobierno de Pedro Castillo, el gobierno mexicano ha jugado un papel fundamental al respaldar al político peruano, quien hace 16 meses asumió un gobierno con un congreso dividido que, en los hechos, articulo a su principal bloque opositor.
El 7 de diciembre y la nueva crisis política en Perú
El 7 de diciembre Pedro Castillo, hasta ese momento presidente de Perú, emitió un comunicado en el que anunciaba la disolución del congreso de ese país. Sus motivos, acusó Castillo, era el intento de un golpe de estado que se fraguaba desde el poder legislativo.
Su lectura no parecía tan errática, pues durante ese instante el congreso perúano discutía por tercera vez una figura legal llamada “vacancia”, la cual, básicamente, facultaba la destitución de Castillo como presidente de la república. Entre los fundamentos que invocaron los legisladores para aplicar esta medida a Castillo estaba la de “incapacidad moral”, un concepto ambiguo que se puede articular de diversas maneras y bajo distintos supuestos frágiles y laxos.
Sin embargo, el llamado a disolver el congreso para evitar el golpe se convirtió en un cálculo errático que Castillo pagó caro, pues diversos factores, entre ellos el desconocimiento que le hicieron personas de su gabinete –como la propia Dina Boluarte –, así como la falta de apoyo de las fuerzas armadas, no lograron que la estrategia de Castillo se completara.
Tras anunciar la disolución del congreso, Castillo y su familia partían en una caravana para exiliarse en México, hecho confirmado por el presidente López Obrador durante su conferencia matutina del 8 de diciembre. Sin embargo, después de que las fuerzas armadas peruanas emitieran un mensaje ambiguo que se tradujo en la falta de respaldo a la determinación del presidente, el jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional de Perú, el teniente general Vicente Álvarez Moreno, ordenó interceptar el camino de Castillo y autorizó su detención preventiva. Una semana después, un juez de ese país legalizaría la prisión preventiva contra el expresidente.
Ese 7 de diciembre se expresó una historia que, al menos desde hace 20 años, ha sido recurrente en Perú: quedarse sin presidente. Antes de Castillo, en el 2000, Alberto Fujimori renunciaría al cargo. Y después, en 2020, Martín Vizcarra sería removido.
No obstante, aquel día expresó un cúmulo de contradicciones que se explican a partir de las profundas diferencias y divisiones que existían entre el poder legislativo y el ejecutivo, desde que Castillo asumió el cargo presidencial hace 16 meses. Pues aunque conquistó la presidencia, el congreso fue ocupado, en su mayoría, por el bloque que se asumió como oposición a su gobierno, entre estos los partidos Fuerza Popular (quienes habían acusado fraude en contra de su candidato, Keiko Fujimori, durante el proceso electoral); Alianza para el Progreso; y el partido conservador Renovación Popular.
Entre estos tres partidos sumaban 44 escaños de los 125 que componen aquél congreso. Sin embargo, las divisiones al interior del partido Perú Libre (con el que Castillo llegó a la presidencia), así como la operación de algunos partidos satelitaltes, básicamente volcaron el poder legislativo en contra del gobierno nacional.
El resultado de esto fue que el congreso, en vez de legislar, se convirtiera en un poder de oposición presidencial, bloqueando reformas e iniciativas presidenciales que completaran su programa político y promesas de campaña, muy afines a la corriente progresista.
Aunado a ello, una fuerte operación en medios, sumada a escándalos por corrupción, infidelidades y otras tantas acusaciones, hicieron que el respaldo popular hacia Castillo se viera mermado. El resultado ya es conocido: la ausencia de respaldo a su gobierno y la medida desesperada de disolver el congreso.
Pese a esto, y después de que se oficializara su destitución y encarcelamiento, las manifestaciones populares salieron a las calles para exigir que se realizaran comicios electorales lo más pronto posible, en 2023. Las protestas rechazan la medida tomada por la nueva presidenta, Dina Boluarte –reconocida casi de inmediato por el gobierno de los Estados Unidos–, quien aplazó los nuevos comicios hasta el 2024.
Las protestas continúan, y las tensiones parecen acumularese. Por eso familiares y allegados a Castillo piden asilo político en otros países, mientras que en Perú la crisis parece continúar sin que una salida se vea en un horizonte próximo.
